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La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, exhortó a los diputados a archivar el Plan Jaguar, la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo para quitarle potestades de fiscalización y control a la Contraloría General de la República (CGR).
Este martes, en audiencia con los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, Acosta se manifestó en contra de la propuesta del Ejecutivo de excluir del texto los artículos señalados como inconstitucionales por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y aprobar los restantes.
“Creo que hemos invertido muchísimo tiempo en el estudio, análisis y fiscalización de este proyecto, y me parece que ya está bien, es demasiado”, afirmó Acosta en respuesta a una consulta del diputado frenteamplista Antonio Ortega Gutiérrez.
La jerarca de la CGR cuestionó que esta versión del Plan Jaguar es “idéntica” a la presentada anteriormente por el Poder Ejecutivo, la cual fue señalada con roces constitucionales y archivada por el Tribunal Supremo de Elecciones.
“Se trata de una iniciativa que se estimó inconstitucional y carente de interés, sobre la cual la CGR atendió consultas legislativas. Después de nueve meses desde su presentación, podemos afirmar que se han atendido múltiples gestiones de la Sala Constitucional, el TSE y los Servicios Técnicos de la Asamblea, llegando a conclusiones similares: que se trata de una iniciativa inconexa, inconstitucional e innecesaria. Podemos afirmar sin reservas que el contenido de esta propuesta es perjudicial para la fiscalización y afecta el modelo de contratación pública. Solicitamos que se archive este expediente”, concluyó Acosta.
¿Qué propuso el Poder Ejecutivo?
En noviembre pasado la exministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, pidió a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración eliminar de la segunda versión de del plan jaguar los artículos declarados inconstitucionales por la Sala IV, para que así el proyecto pueda avanzar.
Los dos artículos que la exjerarca pidió eliminar son los que, en criterio de la CGR permitirían al gobierno realizar contrataciones a dedo. El primero de ellos, el número 4, se incluyó para contratar la construcción de Ciudad Gobierno –por hasta $450 millones– al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sin concurso público. Se trataba de una norma de alcance general.
El otro, el número 5, pretende que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) pueda contratar la construcción de una marina y una terminal de cruceros en la provincia de Limón.
El único artículo que sobrevivió al examen de la Sala IV pretende indicar que el ente contralor no puede abarcar ni sustituir asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa; el TSE advirtió de que esa limitación ya existe.
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Carlos Mora
